La no equidad mexicana
Existe una creciente desigualdad de ingresos en México como consecuencia de un mayor peso relativo del mercado. Existe una creciente desigualdad de ingresos en México como consecuencia de una integración económica desventajosa o deficiente de la base de la pirámide social (40 por ciento de la población con menos ingresos).
Y también existe una creciente desigualdad de ingresos en México como consecuencia de la exclusión de un número considerable de trabajadores del tipo de mercado laboral que es capaz de ofrecer lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina como “trabajo decente” siendo este el que resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral.
Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.
Tal y como he mencionado con anterioridad, habría que investigar el tema, pero hay por lo menos un punto sobre el que modestamente opino: la importancia de concebir la política social sobre la base de la participación activa de los ciudadanos para resolver “problemas de bienes colectivos”, entendiéndolo no solo como aquellos que en general requieren solucionar cuestiones de beneficio general sino sobre todo aquellos para los que se promueven soluciones con independencia de las posibles contribuciones y beneficios individuales de los que participan en el proceso.
Alfabetizar al pueblo sería un caso típico, resolver problemas de integración juvenil por la vía de incorporarlos al trabajo social también sería otro caso, y no como tutelaje burocrático para “gestionar” carencias. La política social no debe ser pensada como un “apagafuegos” de la política económica. La política social es también un espacio de construcción de confianza colectiva entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y sus representantes públicos, y ello puede tener una alta utilidad política.
Soy consciente de que sugerir que se mire de manera rigurosa la experiencia de los programas de la “Batalla de Ideas” pudiera ser no muy popular, pero lo que fundamentalmente digo es que se trata de un tema legítimo de investigación social. No tendría sentido convertir en un “agujero negro” un proceso de dimensiones y de alcance considerables que desempeñó durante más de una década un papel central en la política social del país.
De manera general estoy hablando aquí de procesos que no son solamente, ni fundamentalmente, económicos, sino eminentemente políticos. Conclusivamente, se trata de procesos condicionados por políticas públicas que han reducido el control de esas personas sobre sus vidas y que prácticamente han anulado sus capacidades para definir sus propias agendas. Desde esa perspectiva, cabe la duda de que si algo así sucedió antes de que se adoptase formalmente la apelación a un socialismo “menos igualitario”. Esto me trae a la mente el sarcasmo de Marx cuando describió la marcha triunfal del capitalismo: “…el otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan”.
No estoy diciendo que sea eso lo que vaya a ocurrir. En materia de sociedad, el futuro no es predecible. Pero para entendernos claramente, la pobreza y la desigualdad ya han estado produciendo, entre otros males, fenómenos de anomia social, exclusión, transgresión, emigración y desmovilización política en el país. Eso no es una posibilidad abstracta que pudiera ocurrir o no en México, sino una realidad que padecemos desde hace algún tiempo.
Los problemas de desigualdad social en México se supone que sean remediados por la política, pero ¿quiénes deben definir los niveles de desigualdad “adecuados” del país?; ¿quiénes pueden tratar de implementar políticas públicas orientadas por tales niveles?; ¿quiénes aceptarían tales criterios y políticas?; ¿quiénes discreparían?; ¿quiénes se organizarían políticamente para oponerse a la aplicación de esos criterios?; ¿cuál visión lograría imponerse y cómo se aplicaría?; y ¿cómo gestionar los costos políticos eventualmente derivados de la aplicación de las decisiones? Considero que es ahí, y no en otra parte, donde se ubican los principales retos del país en el terreno de la desigualdad.
