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sábado, 28 de abril de 2018

Tensiones en la frontera

Por LisyFa

No se ve aún la luz al final del túnel para la crisis política en la frontera entre Estados Unidos y México. Al contrario; las tensiones escalaron este fin de semana, cuando decenas de miles de migrantes centroamericanos se manifestaron frente a la sede diplomática de Washington para exigir que las autoridades no los criminalicen ni los persigan por el solo hecho de buscar una vida más digna.

Armados con consignas y pancartas, los indocumentados insistieron en que no son criminales, y que huyen de sus lugares de origen debido a la violencia y la falta de oportunidades. Procedentes no solo del campo mexicano, sino de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, durante la protesta dieron testimonio a la prensa de la crisis estructural que sufren sus naciones. Ahora, se encuentran en un limbo legal, puesto que no desean regresar a sus países, y el gobierno de Estados Unidos ha fortalecido la vigilancia en la frontera para evitar que pasen esas personas.

Irineo Mújica, quien dirige la organización binacional Pueblos sin Fronteras, declaró a La Jornada que la caravana que viene desde la frontera sur de México busca movilizar a la opinión pública para hacer frente a las políticas racistas y xenófobas de la administración de Donald Trump. “Le pedimos que si quiere parar la migración –opinó Mújica-, las soluciones se atacan de raíz, mediante el impulso del crecimiento económico tanto en México como en Centroamérica, no a través de la militarización de su frontera sur.”

Asimismo, el activista pidió a Trump que no use el tema de los inmigrantes para sus campañas políticas, con sus “tuits irresponsables”. “Los inmigrantes son daños colaterales –insistió-, de políticas fallidas en sus países de origen”. Habría que añadir a ese comentario de Mújica, que Estados Unidos tiene grandes cuotas de responsabilidad en la situación política de los países centroamericanos, por la manera en la que históricamente ha intervenido en los gobiernos de la zona, y por una guerra contra las drogas que lejos de solucionar el problema sumado muertos a la larga lista de víctimas del narcotráfico.

Pero el gobierno mexicano parece tener una opinión diferente, y está colaborando con Estados Unidos para condenar a los migrantes. Así, ha concedido libre acceso a agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para captar datos biométricos de migrantes detenidos dentro de su territorio. Según reportes de The Washington Post, el sistema de recopilación de datos incluye escaneo ocular, huellas, y otros rasgos identificadores tales como cicatrices o tatuajes. De acuerdo con el Post, la información que se compila se transmite inmediatamente al DHS y a los centros de fusión de información de inteligencia. Esta es otra manera de criminalizar a los migrantes.

Por suerte, las decisiones de Trump no encuentran eco en todos los oídos. Así, sus planes para enviar a efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, solamente han encontrado con el apoyo de estados fronterizos como como Texas, Arizona y Nuevo México. No es de extrañar, teniendo en cuenta que se trata de territorios bajo mandato republicano.

Hasta el momento, Arizona y Texas han confirmado el envío de 400 efectivos, lo cual no sería suficiente para los planes del jefe de la Casa Blanca. Por su parte, California, bajo control del demócrata Jerry Brown, se mantiene en la indefinición, puesto que tienen la presión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, pero también de congresistas demócratas estaduales.

“Estoy profundamente preocupado por el plan de la Administración Trump de militarizar la frontera entre Estados Unidos y México”, aseguró el senador Kevin De León, líder del Senado estatal en California. “Es por eso que le escribo para instarle a rechazar las solicitudes a desplegar la Guardia Nacional, puesto que se trata de una misión que tiene como fin enfrentar una amenaza inexistente."

A su juicio, se trata de una “crisis prefabricada”. “No estamos ante una desmesurada afluencia de inmigrantes, como ha afirmado la administración Trump, en alusión a la caravana de inmigrantes provenientes de Centroamérica”, añadió en una carta dirigida al gobernador Brown.

Un poco más lejos de la franja fronteriza, otros estados norteamericanos han reaccionado ante la idea de Trump. Así, Brian Sandoval, el gobernador de Nevada, dijo que se opone al envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional a la zona fronteriza para ayudar a agentes migratorios a combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico, tal como lo ha ordenado Trump.

El inquilino del Despacho Oval quiere enviar entre 2 000 y 4 000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera, pero eso genera la interrogante de quién pagará el costo del desplazamiento, que en la práctica suele ser bastante abultado. Por ejemplo, en 2010, bajo la presidencia de Barack Obama, The Washington Post calculó que desplegar unos 1 200 elementos de la Guardia Nacional le costó al erario público poco más de 160 millones de dólares.

Y así, mientras los políticos deciden qué es lo mejor para ellos, cientos de miles de familias de migrantes viven en un limbo legal, y luchan por conseguir para ellos y sus hijos una vida mejor a cualquier precio.