La campaña del terror dirigida a los alcaldes de México
“Antonia Jaimes Moctezuma estaba en su restaurante, El Toreo, en Chilapa, Guerrero, el 21 de febrero, cuando dos hombres en motocicletas se acercaron al restaurante y comenzaron a disparar. Ella fue golpeada cuatro veces y asesinada”. Así comenta la prensa local mientras que Jaimes Moctezuma se postulaba para un escaño en la asamblea estatal para representar al distrito 25 de Guerrero para el Partido Democrático Revolucionario (PRD). Cuatro días después, la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la misma sede de la asamblea, Dulce Nayeli Rebaja, también fue asesinada. Ni el asesinato ha sido resuelto. Lamentablemente esta es la situación que vive México.
Según se conoce, el 1 de julio, México celebra elecciones federales, estatales y locales: 1,600 pueblos y ciudades elegirán nuevos alcaldes, de los más de 3,000 puestos para las elecciones. Mientras que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha inspirado esperanza en muchos mexicanos y ha tomado una fuerte ventaja en las encuestas, a nivel local, muchas campañas son arrastradas por temores de violencia mortal.
Correr para la oficina local aquí requiere más que señales en el patio y tocar la puerta. A la sombra de una acaudalada carrera presidencial, los políticos locales de todo el país enfrentan amenazas del crimen organizado. Desde que comenzó el ciclo electoral en septiembre, 26 políticos, servidores públicos y candidatos han sido asesinados solo en Guerrero. A nivel nacional, las estadísticas son asombrosas: durante esta temporada de campaña, 48 candidatos y precandidatos han asesinado, de un total de 132 políticos asesinados (incluidos políticos en el cargo, personal de campaña y servidores públicos) según la firma consultora Etellekt.
Un grupo de organizaciones sin fines de lucro lanzó el "Atlas de Riesgo Político Electoral" el 7 de junio, que incluye datos que datan de 2006. Encontraron que la mayoría de los actos de violencia contra políticos ocurrieron en Guerrero y Oaxaca, seguidos por Chihuahua. Los miembros del PRI sufrieron la mayor cantidad de agresiones, seguidos por el PRD y el Partido de Acción Nacional (PAN). El PRI centrista ocupó la presidencia mexicana durante siete décadas, hasta 2000, cuando el PAN de derecha llegó al poder. El PRD de izquierda, que envió a López Obrador en sus dos primeras carreras presidenciales, ha flaqueado en los últimos años, y ahora está en coalición con el PAN a nivel nacional. López Obrador se separó del PRD después de las elecciones de 2012 y fundó Morena. Según la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), que contribuyó al Atlas, al menos 131 alcaldes, ex alcaldes y alcaldes electos han sido asesinados desde 2006.
La mayoría de los ataques se atribuyen al crimen organizado: hombres armados enviados por un líder del cártel local. para desalentar los votos de un partido de la oposición o castigar a un candidato que se resistió a los sobornos. ANAC ha propuesto un protocolo de seguridad para los políticos locales, que a diferencia de los funcionarios federales o estatales, no reciben servicios de protección del gobierno. Algunas ciudades, como Ignacio Zaragoza en Chihuahua, han pedido que se pospongan sus elecciones después de una avalancha de asesinatos. La ola de violencia hacia los políticos locales es solo un efecto secundario de la guerra contra las drogas de México, que se prolongó desde 2007. Mientras que el presidente saliente Enrique Peña Nieto prometió reducir la violencia, la tasa de homicidios aumentó durante su presidencia: 2017 fue el año más mortífero de la guerra contra las drogas hasta el momento, con una tasa de homicidios de hasta 20,51 por cada 100.000 personas (Estados Unidos alcanzó los 5,35 en 2016).
Los militares patrullaron las calles de algunas ciudades mexicanas durante la guerra contra las drogas, y su derecho a hacerlo se extendió este enero, cuando los legisladores aprobaron la Ley de Seguridad Interna, que otorga indefinidamente responsabilidades policiales a las Fuerzas Armadas.
Es un fenómeno actual con el que tendrá que lidiar el nuevo presidente. El grado de corrupción política y la colusión entre los narco criminales y los funcionarios es una cuestión de cierta controversia. Algunos polos litigantes son blanco porque se niegan a cooperar con el crimen organizado, pero los informes de los medios a menudo criminalizan a todos los políticos asesinados, dice Pulido, al implicar que fueron asesinados porque rompieron "pactos" con el crimen organizado.
Tal vez lo más inquietante es que la violencia contra funcionarios electos ha tenido un efecto negativo en la vida política de ciudadanos comunes en la región: a medida que las campañas de este año llegan a su fin, los residentes de Chilapa evitan hablar de sus afiliaciones políticas y los eventos de campaña para los políticos locales. ¿Qué pasará?
