Un atentado a la democracia
Marielle Franco, la concejal y activista por derechos humanos es asesinada en el trascurso de la noche del miércoles, su muerte se considera un acto catalogado con todas las características de un atentado. La concejal, de 39 años de edad, andaba en un coche una asesora y el conductor, cuando otro coche se situó a su lado y disparó nueve veces antes de desaparecer, en el colmado centro de la ciudad. Franco y Anderson Pedro Gomes, el chófer, murieron en el acto, mientras que la asesora solo sufrió pequeñas heridas. Un gran número de reacciones y reprensiones tuvo lugar en todo el país con motivo de tan cruel episodio, contra una acción que el mismo presidente, Michel Temer, estimó de "atentado a la democracia".
Marielle Franco llegaba de interponerse en un evento por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa, en el centro de Rio. Poco tiempo después, los asesinos la atascaron en la calle Joaquim Palhares, en la zona popular conocida como Estácio y empezaron a disparar por la ventanilla trasera del coche con el evidente objetivo de alcanzar a la concejal, la cual recibió cinco impactos de bala, según el diario carioca O Globo.
Incluso Rio, una ciudad frecuentada por la violencia, el crimen ha incitado una fuerte revolución ya que muestra algunas características inéditas hasta el momento. Si bien los muertos se detallan a diario, son en la mayoría de las sucesos a raíz de desafíos entre la policía o entre bandas de traficantes en disputa por una zona que en diversas ocasiones se cobran la vida de vecinos inocentes, víctimas colaterales.
Ha habido muertes de activistas y políticos pertenecientes a alguna barriada, pero de ningún modo se había engendrado lo que los colegas de la víctima y la propia policía no han dudado en considerar como la "ejecución" de una persona con tanta reputación pública y en colmado corazón de la ciudad. Frases como "mexicanización" empezaron a colmar las redes sociales en las horas siguientes al crimen. El asesinato es un golpazo a la reciente política de seguridad del Gobierno federal, que el pasado mes dispuso conceder al Ejército el control del orden público en Rio ante el imparable aumento de violencia.
Marielle Franco y su formación política, el izquierdista Partido Socialismo y libertad (PSOL), eran una de los mayores críticas con el enfrentamiento militar. La buena concejal había sido escogida magistrada de la comisión formada actualmente en la cámara municipal de Rio para calificar la actuación del Ejército. Franco además había declarado en los posteriores días la acción policial en la favela de Acari, donde dos jóvenes habían sido muertos, según los pobladores, por oficiales de las fuerzas de seguridad.
Una de las primordiales actividades de Franco era la denuncia de los injusticias policiales en los barrios más necesitados de la ciudad y la protección de los derechos de las mujeres negras, nacida ella misma en A Maré, un inmenso complejo de favelas azotado como pocos por la violencia y la miseria. Marielle en las actuales elecciones municipales fue la quinta concejal con más votos de toda la ciudad.
En noche de ese miércoles, se fueron agrupando en la zona del crimen otros compañeros del PSOL y activistas, en medio de acontecimientos de gran emoción. El candidato del partido a la alcaldía en las actuales elecciones, Marcelo Freixo, declaró que Franco no había sido objeto de intimidaciones, pero igualmente dejó clara su certeza de que el crimen fue un suceso perfecto meditado, como registran todas las sospechas. Una aglomeración tomó este jueves en la tarde el centro de Río para escoltar los restos mortales de la política asesinada hasta la sede de la cámara municipal, donde se colocó la capilla ardiente. En ciudades como São Paulo también hubo grandes manifestaciones, al igual que en otras ciudades del país.
Desde el alcalde de Rio, Marcelo Crivella hasta el Gobierno federal, las organizaciones de defensa de los derechos humanos o todo tipo de figuras públicas, se transcurrieron las rebeldías de condena a lo largo de todo el país durante la propia madrugada del jueves. El presidente Temer distinguió el hecho de "crimen al Estado de Derecho y la democracia" y dio su palabra: "El crimen no nos arruinará, antes demoleremos nosotros la criminalidad". "Estoy sorprendida, sacudida e indignada", expuso Dilma Rousseff, la presidenta anterior. Amnistía Internacional y la organización de abogados del país requirieron al Gobierno una investigación implacable para explicar las estimulaciones del atentado. "Es un crimen contra toda la sociedad y deshonra claramente los valores del Estado de derecho", certificó en un anunciado la Orden de Abogados de Brasil (OAB).
