Los estudiantes mexicanos se manisfiestan
El destino de tres estudiantes de cine de Jalisco que estuvieron desaparecidos un mes y esta semana se supo que fueron asesinados y disueltos en ácido, según las autoridades, ha hecho resurgir la indignación de ciertos sectores de la sociedad que el jueves volvieron a las calles en Guadalajara y Ciudad de México para exigir justicia.
Las manifestaciones no fueron tan multitudinarias como las que provocó la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Guerrero en 2014 pero suponen una nueva llamada de atención a las autoridades de un país con 35,000 desaparecidos de los cuales más de 15,500 son menores de 30 años, un 43% del total, según cifras del gobierno federal.
“No Son tres, somos todos” clamaban los manifestantes en la capital de Jalisco --unos 12,000, según medios locales-- donde se unieron adolescentes, estudiantes y universitarios para expresar el hartazgo ante este fenómeno. Exigir la justicia para nuestros tres compañeros sino para los miles de desaparecidos del estado y del país, decía Oscar Juárez, un líder estudiantil de la universidad jesuita de Guadalajara ITESO.
Casi a la misma hora, como cada día 26 desde hace casi cuatro años, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace 43 meses, el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, hacían lo mismo en Ciudad de México.Fueron muchos los que se reunieron recordando Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, los tres estudiantes de cine de Jalisco que, según las autoridades, fueron capturados por el Cartel de Jalisco Nueva Generación, confundidos con miembros de un grupo rival, y disueltos en bidones de ácido para hacer desaparecer sus cuerpos.
“Lo que ocurrió aquí [en Jalisco] es otra vez una llamada de atención después de lo de los 43, ya no podemos ser omisos y hay que trabajar en conjunto para que no se vuelva a repetir”, añadió Juárez desde Guadalajara. Según cifras del gobierno federal, un total de 15.516 personas entre 13 y 29 años permanecen desaparecidos en México, un 43% del total de toda la república. Los niños menores de edad que están en esta situación superan los 7,000, de acuerdo a la base de datos de la Secretaría de Gobernación.
Y aunque los números no son nuevo, el caso de Jalisco ha vuelvo a hacer visibles no solo las cifras sino la falta de confianza de la sociedad en que las autoridades protejan a sus ciudadanos y que investiguen.
Ante la indignación popular, el gobierno federal puso a disposición del de Jalisco todas las capacidades de la fiscalía para llegar al final de la investigación y el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, reconoció su parte de responsabilidad y se mostró abierto al escrutinio.
Reconoció que era su responsabilidad, escribió en su cuenta de Twitter. Y hace pública su total disposición a que la carpeta de investigación sea revisada por organismos nacionales o internacionales, para que puedan certificar que las evidencias y el conjunto de indicios con que contamos corresponden con la realidad”.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, por su parte, señaló que el Estado “no está rebasado” y que lo que hay que hacer es aplicar la ley contra los criminales. A pesar de todo, las desapariciones han continuado durante administración de Enrique Peña Nieto aunque en enero se aprobó una ley de desapariciones que fue muy elogiada por las organizaciones nacionales e internacionales y que ahora deberá ponerse en marcha.
Pero si las desapariciones son un problema general, la de jóvenes es especialmente preocupante. La ONG asume que esto se debe a la acción del crimen organizado, la falta de protección del Estado a este sector de la población, la corrupción y complicidad de las autoridades con la delincuencia.
“La evidencia de tener entre un 25 y un 30 por ciento de las personas desaparecidas menores de edad no puede sustentar la idea de que estén vinculados con grupos criminales”, dijo Pérez, quien asume esta situación como una “epidemia” de desapariciones que mostró su preocupación por datos como que entre 2012 y 2014 aumentara un 200% las de mujeres adolescentes entre 15 y 17 años.
A su juicio, hay un “patrón de negligencia y omisión de búsqueda” por parte de las autoridades que conlleva criminalizar a las víctimas, frenar las desapariciones dándolos por muertos antes de concluir la investigación para anular la búsqueda y esperar 48 horas para iniciar una investigación, aunque se sabe que esas horas son vitales para localizarlos con vida con el fin de “reducir las estadísticas”.
