La guerra antidroga de Duterte continúa en Filipinas
El gobierno de Rodrigo Duterte sigue pensando que su feroz lucha contra el narcotráfico hallará la solución a este problema en el país. Una de las últimas noticias que llegan desde el país asiático es que trece presuntos narcotraficantes murieron abatidos por la policía en tan solo 24 horas en la provincia filipina de Bulacan, donde bastante sangre se ha derramado ya.
Durante una operación intensiva, los agentes asesinaron a 13 sospechosos y arrestaron a otros 109, según informó la Policía Nacional en Bulacán, con más de 2,2 millones de habitantes, y ubicada al norte de Manila la capital del país. Además, las autoridades recopilaron 101 gramos de shabú (clorhidrato de metanfetamina), una droga muy extendida entre las clases bajas, y 670 gramos de marihuana, 18 armas de fuego y 18 piezas de munición en un total de 57 redadas. Es un parte de la triste realidad que se vive a diario en el país asiático. Desde que el presidente llegó al poder, a mediados de 2016, la controvertida guerra contra las drogas ha dejado más de 4.000 muertes hasta hoy día.
Bulacán es bien conocida por la dureza de las operaciones policiales de esta campaña que temen todos los ciudadanos, con miedo de resultar sospechosos a un agente policial y que pueda ocasionarles la muerte. Esta provincia llamó la atención de los medios en agosto pasado al tener la cifra récord de 32 muertos en tan solo 24 horas. Junto a los 4.000 fallecidos en redadas policiales en el país, se cree que al menos otros 3.000 han perdido la vida a manos de patrullas vecinales, autorizadas también a tomarse la justicia con su propia mano.
Organizaciones internacionales han denunciado en miles de ocasiones la realidad que está viviéndose en ese país, como es el caso de Naciones Unidas. Sin embargo, la respuesta del gobierno filipino fue, como era de esperar, arbitraria y desafiante: abandonar la Corte Penal Internacional, que el 8 de febrero anunció una investigación contra la política filipina denominada guerra antidroga. Aunque la Corte lamentó el anuncio e hizo un llamado a ese país para que cambiara su decisión, le informó que su salida se hará efectiva un año después de la solicitud y que las investigaciones no cesarán aunque el presidente haya decidido tal aberración.
