12.000 indígenas huyen de los problemas de México
Un asesinato y el fuego devorando sus casas obligaron a 5.000 indígenas tzotziles a huir de Chalchihuitán, Chiapas, al sureste de México, en octubre del año pasado. Estancados en el fuego cruzado de un conflicto territorial, este grupo tuvo que abandonar su hogar. En la caravana iban al menos 2.000 menores y 100 mujeres embarazadas. El frío, el hambre y las enfermedades vencieron a once de ellos, quienes fallecieron en la huida de una zona acosada por las balas, los saqueos y las amenazas de muerte. No fueron los únicos.
Más de 12.000 indígenas, principalmente de los Estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua y Guerrero, abandonaron sus casas intempestivamente para sobrevivir ante el acecho de grupos paramilitares, delincuentes y narcotraficantes durante 2017. El año pasado, esta población fue la más afectada por el desplazamiento interno forzado, representando un 60% de los casos respecto a las 20.390 víctimas a nivel nacional, según el más reciente informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Indígenas, activistas, pequeños empresarios, comerciantes, ganaderos son algunos de los rostros de los desplazados por la violencia en México. Solo en 2017, hubo 25 episodios masivos de esta problemática que ocasionó la muerte de 14 personas en el país, de acuerdo con el documento elaborado por esta asociación civil.
Brenda Pérez, la coordinadora de esta área en la CMDPH, ha detallado que en la mayoría de los episodios la causa del desplazamiento fue la violencia de grupos armados organizados, seguido de las agresiones políticas, los conflictos territoriales y sociales. El uso de armas de fuego, coacciones e intimidación, el saqueo de viviendas, el robo de animales y la destrucción de casas fueron constantes en todos los relatos reconstruidos gracias al apoyo de los afectados, los organismos civiles y medios locales.
En la cartografía de estos pasos errantes sobresalen los desplazados de Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Estos Estados mexicanos sumaron 15.005 víctimas, lo que supone casi un 74% de los afectados a nivel nacional. Además, en su mayoría eran personas que provenían de zonas rurales. “En estas zonas rurales, vemos una tendencia a huir a zonas urbanas dentro del mismo municipio debido a la violencia desatada por grupos criminales, por una situación de disputas por tierras y conflictos políticos”, indica Pérez.
Pese al balance de muertes y a las miles de víctimas que año con año se reportan, la portavoz de esta asociación civil lamenta que en México el tema del desplazamiento interno forzado sigue siendo un tema sin identidad, ni diagnóstico oficial. “Los desplazados internos no tienen una legislación de protección, están como en una especie de limbo jurídico en donde nadie les confiere derechos. Las personas desplazadas quedan a merced de la voluntad de los gobiernos locales”, indica.
Frente a este vacío jurídico y estadístico, la CMDPDH ha creado su propia metodología para dimensionar un problema, que en muchos casos, es un efecto colateral de la violencia que asola al país. De 2006 a 2017 este colectivo cifra un acumulado de 329.917 víctimas. No obstante, Pérez admite que ésta aproximación es mínima respecto a la problemática real. El miedo a las represalias por parte de los afectados y la falta de voluntad política han obstaculizado el acopio de información.
En el balance de los 11 años que se ha evaluado el éxodo forzado en México, agrega Pérez, las causales y los protagonistas de la migración forzada se han ampliado. Detrás de esos hogares abandonados, de parcelas en el olvido, existen historias de violencia, amenazas, secuestros y muerte. Entre estas cicatrices figura la de Maricela Orozco, de 46 años, quien en menos de 48 horas perdió a sus dos hijos y tuvo que abandonar Veracruz para salvaguardar la vida y la del resto de su familia.
En su caso, la muerte llamó a su casa en Medellín, Veracruz el 14 de marzo de 2014. Ese día su hijo Gerson Quevedo, de 19 años, fue secuestrado. Sus padres pagaron el rescate, pero el joven no aparecía. En la desesperación, su hermano menor, Alan Quevedo, de 15 años, salió en su búsqueda. Solo encontró la muerte. Un grupo armado lo acribilló. Maricela, fue en auxilio de Alan, pero con cinco disparos en el cuerpo fue imposible salvarlo.
Envuelta en el luto, en la zozobra de encontrar a su otro hijo y el miedo de ser asesinados, la familia Orozcó Quevedo abandonó inmediatamente su casa. Erraron durante meses en las viviendas de familiares y amigos, hasta que finalmente encontraron apoyo de un colectivo en la Ciudad de México. Desde la capital, esta familia emprendió una voraz búsqueda por su hijo mayor. “Yo le decía a mi esposo, levántate, levántate que Gerson nos espera”, relata.
Ellos vivieron durante tres años en un agónico compás en aras de hallar con vida a Gerson. Sin embargo, en diciembre del año pasado las autoridades les entregaron los restos de su hijo desaparecido. Ahora, con lágrimas en los ojos, Maricela asegura que lo único que le queda es honrar la memoria de sus dos hijos ayudando a otros padres que sufren la misma tragedia y pidiendo al Estado justicia para las víctimas de la violencia.
Una exigencia que comparte Pérez. Ella asegura que en México debe establecerse una ley general para la prevención y atención al desplazamiento interno forzado. En el país existen dos legislaciones locales, en Chiapas y en Guerrero, sin embargo, la falta de reglamentos impiden su correcta aplicación. “Una persona es suficiente, una comunidad es suficiente para generar políticas públicas que deban atender a esta población", concluye.
