La desaparición que llegará a la Corte Interamericana
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, ya está en proceso de discusión, por primera vez, de un caso de desaparición forzada en México llevado a cabo por elementos militares en el 2009, dos años después de iniciada la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Se espera que pronto realice un pronunciamiento en la audiencia pública de los familiares de las tres víctimas.
De acuerdo con un comunicado de la CIDH del 22 de noviembre de 2016, el caso de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, se ha definido como el primero de desaparición forzada en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, iniciada en 2007 y mantenida durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Paola Alvarado, hija de Nitza Alvarado, ha contado miles de veces que en diciembre de 2009, un comando integrado por al menos 10 militares, sacó a su madre por la fuerza de un domicilio ubicado en el ejido Benito Juárez, en el estado de Chihuahua, al norte de la nación azteca.
La Comisión le dio la razón y además determinó que las tres víctimas fueron privadas de su libertad por parte de los militares. Una decisión que se apoya en elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento o haber recibido información respecto a que las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, entre otros elementos; además de múltiples informes de diversos organismos que consideraron que existen indicios suficientes en cuanto a la participación del Ejército.
Por otra parte, en la investigación, fueron señalados como responsables integrantes del 35 Batallón del Ejército del estado. La CIDH escuchará los alegatos finales de las partes relacionadas con el caso, las cuales tienen un mes para presentar las declaraciones por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite. Las resoluciones de la Comisión son de obligatorio acatamiento para los países miembros, por lo que se espera la decisión que tomaran los funcionarios que asumieron este caso de desaparición forzada, uno de tantos casos que desde entonces tienen lugar en México, donde miles de personas “desaparecen” sin que el Estado enfrente con voluntad esta grave situación que afecta a tantas familias mexicanas.
