México no quiere papas estadounidenses
Un juez federal prohibió la importación de papas frescas de los Estados Unidos por razones de seguridad nacional y bioseguridad. La decisión, tomada por José Francisco Pérez Mier del Séptimo Tribunal de Distrito en Los Mochis, Sinaloa, un estado productor de papa, anuló una decisión de 2016 adoptada por la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) para permitir las importaciones de papa del vecino del norte.
El juez dijo que la reforma de Sagarpa a la Ley Federal de Sanidad Vegetal era inconstitucional porque no incluía medidas para proteger contra la introducción de enfermedades de las plantas y por lo tanto representaba una amenaza a la soberanía y seguridad nacional y cultivos como chiles, tomates, berenjenas y tabaco. La industria doméstica de papa podría desaparecer si continúan las importaciones de patata fresca de Estados Unidos, dijo Pérez. El amparo o medida cautelar que pronunció dijo que la falta de medidas de protección "implica un riesgo inminente de propagación de plagas en el territorio nacional".
Pérez también acusó al gobierno federal de favorecer a los agricultores de papa de los Estados Unidos subsidiados por el gobierno en lugar de apoyar la producción local del vegetal. El juez dijo que eso causaría que México se convirtiera en dependiente de alimentos de una "potencia extranjera", concretamente, los Estados Unidos. Pérez describió a EE.UU. como "un poder que en los últimos tiempos ha institucionalizado políticas hostiles hacia México y en el supuesto de que domine el mercado nacional, será el único proveedor del tubérculo". Agregó que "la entrada de papas frescas de los Estados Unidos viola el derecho humano a la alimentación, es contraria a la soberanía nacional establecida por el artículo 39 de la Constitución y amenaza la seguridad nacional al causar dependencia alimentaria".
Es la segunda vez que se dicta una orden judicial que prohíbe las importaciones de patata de los Estados Unidos. Tras el fallo de hoy, un juez de la Corte Suprema instó a sus colegas a intervenir en el caso y tomar una decisión definitiva para evitar acciones legales adicionales que resultarían de que el gobierno apele la prohibición. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tomó la causa de los productores agrícolas del noreste del país al sugerir que las apelaciones previas del gobierno sean revisadas por la corte más alta de México. Al menos tres de los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema deben respaldar su propuesta a fin de proceder a una audiencia del caso. Si el Tribunal Supremo no asume la jurisdicción, le corresponderá a un tribunal administrativo en Culiacán, Sinaloa, tomar una decisión definitiva.
